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la SALUD REPRODUCTIVA
en tiempos de Covid.

Los derechos sexuales y reproductivos deben garantizarse para todas las personas, aun en los momentos en los que el mundo enfrenta crisis profundas. Aquí puedes conocer cinco aspectos fundamentales sobre los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia, la ‘nueva normalidad’ y el período post pandemia.

El aborto es un servicio esencial que debe estar disponible incluso durante la crisis. Limitar o prohibir su acceso vulnera los derechos humanos y arriesga la salud y la vida.

¿ Qué está Pasando?

A pesar del virus, la capacidad de tener un embarazo permanece intacta en las personas. Como respuesta a la pandemia, se ha registrado que el servicio de aborto legal y seguro se ha suspendido, negado o retrasado en varios países donde es permitido. Esto ocurre puesto que esos Estados no lo reconocen como servicio de salud esencial que debe estar disponible en todo momento. Especialistas de todo el mundo frente a estas medidas perjudiciales, arbitrarias y discriminatorias

Garantizar los derechos humanos es
tarea de los Estados en todo
momento

Durante la pandemia, los Estados deben garantizar la salud sexual y prevenir el embarazo adolescente al asegurar la disponibilidad y el acceso permanente a métodos anticonceptivos —modernos, de corta y larga duración, incluida la Anticoncepción de Emergencia—, especialmente para víctimas de violencia sexual o personas que vivan en zonas de conflicto y posconflicto.

También deben asegurar que las víctimas de violencia sexual y de género, cuyos casos han venido en aumento durante el confinamiento, tengan acceso a tratamientos clínicos que incluyan: kits forenses, suturas para desgarros vaginales, elementos básicos de higiene, evaluación del riesgo de embarazo, pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, apoyo psicológico y asesoría sobre el acceso al aborto.

¡El aborto es un derecho humano!

Todas las personas tienen el derecho de vivir plenamente su sexualidad y decidir sobre su reproducción incluso en momentos de crisis. La libertad no conoce límites; las decisiones como el momento de gestar y el número de hijos son personalísimas y exclusivas y para que sean autónomas requieren, necesariamente, entornos informados y no violentos.

Obligar a continuar forzadamente los embarazos y negar, atrasar o castigar penalmente el acceso al aborto son, según el Comité CEDAW, formas de discriminación y violencia de género. Este comité también destaca la relación entre las leyes restrictivas o prohibitivas del servicio de aborto con las altas tasas de aborto inseguro y la mortalidad materna.
Las niñas con embarazo producto de violación tienen derecho a cuidado integral, AOE y al aborto.

Garantizar los derechos humanos es tarea de los
Estados en todo momento

Lo mínimo que deben hacer los Estados es proporcionar acceso seguro, legal, efectivo y continuo al aborto y a la atención posaborto de mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes, aun durante cualquier crisis. Especialmente cuando la vida y la salud de la persona gestante corren peligro, cuando mantener el embarazo causaría dolor o sufrimiento, no es viable o es consecuencia de violación o incesto.
Algunas formas para lograrlo son:

La salud materna hace parte de los derechos a la vida, la salud, la igualdad, la no discriminación, y a no sufrir malos tratos. Abarca el acceso gratuito a muchos servicios relacionados con el embarazo, el parto y el posparto, que deben estar disponibles en situaciones de crisis.

¿ Qué está Pasando?

A pesar del virus, la capacidad de tener un embarazo permanece intacta en las personas. Como respuesta a la pandemia, se ha registrado que el servicio de aborto legal y seguro se ha suspendido, negado o retrasado en varios países donde es permitido. Esto ocurre puesto que esos Estados no lo reconocen como servicio de salud esencial que debe estar disponible en todo momento. Especialistas de todo el mundo frente a estas medidas perjudiciales, arbitrarias y discriminatorias

¡La salud materna es un derecho humano!

El derecho a la salud materna durante el embarazo, el parto y el posparto, permanece vigente durante la pandemia, época en la que estos servicios deben brindarse con calidad y sin discriminación, imposición o violencia.

Todas las gestantes, inclusive las diagnosticadas de COVID-19, tienen derecho a un parto seguro y positivo y a escoger por quién estar acompañadas. Además, las y los progenitores deben recibir apoyo para amamantar, sujetar a los recién nacidos y compartir con ellos una habitación.

Se debe reconocer, respetar y garantizar los saberes ancestrales de las mujeres indígenas y originarias para cuidar su salud sexual y reproductiva. No se pude criminalizar a las parteras y dañadoras.

Garantizar los derechos humanos es tarea de los
Estados en todo momento

Los Estados deben garantizar que los servicios de salud materna, tanto pre como posnatales, sean accesibles, de buena calidad y compatibles con los derechos de la mujer: autonomía, intimidad, confidencialidad, consentimiento y opción con conocimiento de causa, de acuerdo al Comité CEDAW
.
Para lograrlo, los Estados pueden…

Los servicios de planificación familiar y la disponibilidad de métodos anticonceptivos son una necesidad básica y una prioridad que salva vidas, por lo que su acceso continuo e ilimitado debe garantizarse como parte de la respuesta a la pandemia.

Garantizar los derechos humanos es
tarea de los Estados en todo
momento

Durante la pandemia, los Estados deben garantizar la salud sexual y prevenir el embarazo adolescente al asegurar la disponibilidad y el acceso permanente a métodos anticonceptivos —modernos, de corta y larga duración, incluida la Anticoncepción de Emergencia—, especialmente para víctimas de violencia sexual o personas que vivan en zonas de conflicto y posconflicto.

También deben asegurar que las víctimas de violencia sexual y de género, cuyos casos han venido en aumento durante el confinamiento, tengan acceso a tratamientos clínicos que incluyan: kits forenses, suturas para desgarros vaginales, elementos básicos de higiene, evaluación del riesgo de embarazo, pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, apoyo psicológico y asesoría sobre el acceso al aborto.

¡La planificación y la anticoncepción
son derechos humanos!

Las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes tienen derecho a consumir anticonceptivos de manera voluntaria, informada, sin discriminación o imposición.

La Anticoncepción Oral de Emergencia —la píldora del día después— es un caso especial ya que se considera un medicamento esencial que debe conseguirse sin fórmula médica, permanente y fácilmente, mediante su distribución gratuita o cubierta por los servicios públicos y privados de salud.

Durante la crisis es aún más importante contar con información sobre salud sexual y salud reproductiva —incluida el estado de salud propio— precisa, científica, exacta, completa, objetiva y que esté disponible en todo momento. Así, niñas, mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar pueden tomar decisiones libres y fundamentadas.

¿ Qué está Pasando?

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, las mujeres tienen menos acceso a la tecnología durante la pandemia, un periodo en el que la información difundida a través de esos canales es más importante que nunca para acceder a servicios de salud reproductiva, especialmente al aborto.

¡El acceso a la información es un derecho
humano!

Conocer la máxima cantidad posible de información sobre salud sexual y salud reproductiva hace parte del derecho al acceso a la información y es especialmente importante para comunidades vulnerables con acceso restringido a este tipo de comunicaciones.

Para que este derecho se ejerza plenamente, la realización y difusión de mensajes sobre salud sexual y salud reproductiva debe:

Garantizar los derechos humanos
es tarea de los Estados en todo
momento

Los Estados no pueden censurar información sobre salud sexual y salud reproductiva ya que hacerlo es una forma de discriminación contra niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar, que les impide decidir sobre sus propios cuerpos y vidas. Por el contrario, están obligados a compartir la máxima cantidad posible de información, asegurando que no contenga prejuicios sobre la mujer, su papel en el mundo o los servicios de salud que requiera.
Para garantizar el acceso a la información sobre salud sexual y salud productiva, los Estados deben

Durante la crisis es aún más importante contar con información sobre salud sexual y reproductiva —incluida el estado de salud propio— precisa, científica, exacta, completa, objetiva y que esté disponible en todo momento. Así, niñas, mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar pueden tomar decisiones libres y fundamentadas.

¿ Qué está Pasando?

La pandemia ha complicado aún más las vida cotidiana para las personas o grupos en situaciones de vulnerabilidad. Esos grupos incluyen a las personas migrantes, provenientes de poblaciones raciales y étnicas, las personas en situación de pobreza, las personas con discapacidad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTQI+ y las personas privadas de su libertad o en instituciones de encierro ..

Esto se evidencia en países como Colombia, Perú y Panamá, que han establecido días para la movilidad exclusiva de mujeres y otros para la movilidad exclusiva de hombres, una medida que discrimina a personas trans y de género diverso, y refuerza estereotipos de género.

¡La igualdad y no discriminación son
derechos humanos!

Todas las personas tienen derecho a ser tratadas como iguales sin importar su género, orientación sexual, religión, raza o nacionalidad.
Las lesbianas y personas con capacidad de gestar tienen derecho al aborto y a medidas de protección frente a la discriminaciones y violencias que afectan su salud sexual y reproductiva.

El derecho a la salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental y humano que amerita reconocimiento constitucional.

¡La igualdad y no discriminación son
derechos humanos!

Los órganos internacionales de derechos humanos han hecho varios llamados a los Estados a redoblar sus esfuerzos durante la COVID-19. El Comité CEDAW recomendó:

La Secretaría General de la ONU emitió recomendaciones similares para que los Estados tengan espacios seguros y rutas alternativas para que se pueda denunciar la violencia sin que las víctimas corran peligro, asegurando que la justicia no se vea suspendida por cuenta de la pandemia y que la información para acceder a ella exista siempre..

Específicamente sobre niñas, niños y adolescentes:

La CIDH recomendó a los Estados reforzar su protección durante el confinamiento acogiendo medidas de prevención del abuso, facilitando el acceso a los medios de denuncia, actuando con la debida diligencia, adoptando canales alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias.

Comité de Expertas del MESCEVI y las Expertas de la Plataforma EDVAW emitieron pronunciamientos recientes en los que, alarmadas por el incremento de la violencia sexual y embarazo en niñas, llamaron a los Estados a tomar medidas urgentes para contrarrestar esta violencia, y garantizarles a las niñas sobrevivientes de violencia sexual acceso a la justicia, así como una reparación integral.

Los Estados tienen el deber de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos continúa durante las crisis humanitarias. La COVID-19 plantea una amenaza especialmente grave en las crisis humanitarias existentes pues está creando dentro de los entornos frágiles nuevas crisis con sistemas de salud y redes logísticas ya sobrecargadas.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis (GTI) elaboró varias recomendaciones pidiendo a los Estados que adopten un enfoque basado en los derechos para incorporar el acceso de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar a servicios de salud sexual y reproductiva esenciales.

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